Bogotá. Con detenciones gobierno quiere demostrar supuestos resultados sobre seguridad (Audio)


Mientras en La Habana se desarrolla la mesa de diálogo por la paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Hace una semana en Bogotá detuvieron a 15 activistas de derechos humanos, acusados de pertenecer a una célula urbana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con supuestos vínculos a los atentados ocurridos el pasado 2 de julio en esta misma ciudad. 

Mariátegui
20/07/15


Entre los arrestados se encuentran líderes estudiantiles, comunitarios, y el periodista Sergio Segura de la Agencia Colombia Informa, a quien le incautaron parte de su archivo periodístico cuando fue allanado su domicilio.  

Además de Heiler Lamprea, Representante del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional y Lorena Romo Muñoz, líder estudiantil del proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE-, quien había recibido amenazas de muerte por su labor social.

Por eso la Revista Mariátegui entrevistó a Andrés Hincapié, editor de la Agencia Colombia Informa.



—Revista Mariátegui— A una semana de ocurridos los hechos ¿Cuál es la situación legal de los detenidos?   

—Andrés Hincapié — La situación está hoy en la fase de imputación de cargos, es decir después de una semana recién están viendo, revisando de qué cargos acusara a varias de las personas detenidas. Esto se constituye en sí mismo ya en un hecho ilegal, porque la justicia colombiana dice que 36 horas después de ser detenida una persona debe conocer de qué la están acusando, en este caso no ha ocurrido así.

Y recién después de siete días se realizó hoy la audiencia de imputación de cargos, dónde se están diciendo qué cargos van a asumir los detenidos, dentro de los cargos que se han mencionado la Fiscalía ha desmentido y ha corroborado que las personas vinculadas al Congreso de los Pueblos no van a ser procesadas por ser miembros de la guerrilla ni por haber participado en ningún atentado ni puesto petardos, sólo le imputan los cargos de haber participado de un disturbio en la Universidad Nacional de Bogotá.


—Revista Mariátegui— Es decir, ninguna de las acusaciones por las cuales supuestamente fueron detenidos.

—Andrés Hincapié —  Sólo hay tres de los detenidos que fueron acusados ya, de ser supuestamente miembros, simpatizantes o colaboradores de la guerrilla del ELN en Bogotá a quienes se les acusa de terrorismo, rebelión y daños a los bienes, sin embargo todavía no existen pruebas contundentes durante este proceso que vincule a estas personas con la insurgencia. A las otras nueve ya se les aclaró que no van a ser procesadas.


—Revista Mariátegui— Los medios de comunicación no han respetado la presunción de inocencia…

—Andrés Hincapié —   En el operativo donde se realizan las capturas que en principio eran 15 personas, estaban acompañados por los camarógrafos de los medios masivos de comunicación, se montó todo un operativo como en estas películas de policías en el que había helicópteros y efectivos de la policía rodeando la casa donde se encontraba una sola persona desarmada y casi dormida, ingresan al domicilio con toda esta parafernalia, con camarógrafos dentro del helicóptero de la policía haciendo las tomas aéreas para salir a decir inmediatamente que habían capturado –y lo afirmaron así– a catorce miembros de la milicia del ELN.

¿Imágenes de la serie CSI Miami? No, la policía colombiana allana la casa de un supuesto miliciano del ELN en Bogotá.

Y peor aún, 15 minutos después de las detenciones el presidente Juan Manuel Santos envía un mensaje mediante su twitter donde felicita a la policía por haber desmantelado al ELN en Bogotá, toda una parafernalia mediática que de manera evidente de entrada incumple la presunción de inocencia, en ningún caso se dijo posibles milicianos o guerrilleros, no, se les califico inmediatamente de pertenecer a la guerrilla violando el debido proceso, la presunción de inocencia pero además metiendo presión a los organismos judiciales, a la policía, a los investigadores porque ya se les estaba condenando a estas personas sin haber tenido primero un proceso.

Nosotros vemos todo un afán mediático y político por querer demostrar resultados que no tienen frente a la seguridad y crear una sensación de seguridad en los ciudadanos de Bogotá cuando no tienen elementos para ellos.

Los que pagan los platos rotos líderes, lideresas sociales y políticas, en el caso concreto de nosotros un compañero corresponsal de Colombia Informa,  Sergio Segura.


—Revista Mariátegui— Desde las organizaciones sociales y desde quienes se solidarizan con los detenidos, se ha denominado a estos hechos como falsos positivos judiciales ¿Qué significado tiene esto?

—Andrés Hincapié —  El término apareció en la década pasada entre el 2000 y el 2010 cuando Juan Manuel Santos era el Ministro de Defensa, quien inculcó e impartió órdenes al ejército colombiano para que demostrara mayores resultados en lo que llamaban bajas a la guerrilla. Es decir asesinatos a los guerrilleros.

Esto derivó en que los miembros del ejército nacional empezaran una macabra tarea de tomar de rehenes a campesinos y a jóvenes de los barrios populares, detenerlos de manera ilegal, llevarlos a zonas de conflicto, vestirlos de camuflados ponerles fusiles en sus manos después de haber sido asesinados y luego hacerlos aparecer como supuestos guerrilleros asesinados en combate.

A esto se les llamó falsos positivos porque en el ejército se le denomina un positivo al asesinato de un guerrillero en combate, hoy cuando es presidente Juan Manuel Santos, reaparece este término como falsos positivos judiciales porque obedece un poco a la misma lógica demostrar resultados merced de detenciones judiciales de capturas dudosas. Y hacen aparecer, en este caso, afortunadamente ya no asesinan, aunque todavía los casos de falsos positivos siguen dándose.

En este caso los capturados no son asesinados sino son presentados, sin haber tenido primero un proceso legal como supuestos guerrilleros capturados en Bogotá, entonces es la misma lógica sólo que de manera judicial, es decir, acusando y mostrando supuestos resultados para ubicar las cifras de aparente seguridad y aparente eficiencia en el tema del conflicto armado.

Un hecho muy grave porque se constituye en toda una política del gobierno, las cifras que dan las organizaciones de derechos humanos dicen que de las personas detenidas y acusadas por el delito de rebelión y terrorismo el 75% de esas personas quedan en libertad al no poderse demostrar esos cargos.

Es decir que en Colombia, primero se captura masivamente y luego se empieza a revisar si hay un por qué de esas capturas, ejemplos de esto ha habido en los últimos años.  En el paro agrario pasado fueron capturadas aproximadamente 800 personas de las cuales todas fueron luego puestas en libertad al no podérseles comprobar ningún tipo de delito que ameritara esas capturas.

             
—Revista Mariátegui—  Hay un continuo movimiento de solidaridad nacional e internacional con los detenidos. También están haciendo manifestaciones en toda Colombia. 

—Andrés Hincapié —  Desde el día en que ocurrieron estas capturas hasta hoy no han parado las movilizaciones, la participación de muchas personas en las afueras de los juzgados de Paloquemao que es como se llama dónde están siendo procesadas las personas. 

Durante la semana se han expresado los distintos movimientos políticos y sociales de Colombia de manera permanente como el Congreso de los Pueblos, de Marcha Patriótica, de partidos políticos, se ha logrado generar un respaldo importante, un apoyo y solidaridad importante para esas personas pero incluso los medios masivos han develado un poco todas las inexactitudes que este caso, es decir los medios también han puesto sus dudas sobre este caso que es evidente que no existan pruebas contundentes, que no cuadren algunas cosas, que las pruebas presentadas sean tan débiles.


Foto: Colombia Informa / Los detenidos fueron apoyados con manifestaciones y recibieron amplia solidaridad nacional e internacional. 

Nosotros como Agencia Colombia Informa hemos planteado nuestra disposición y solidaridad con nuestro compañero Sergio, nos parece un caso de persecución política, la Agencia antes ya ha sido amenazada.

Y a nivel internacional hemos recibido un respaldo importante de una gran cantidad de medios y periodistas en América Latina (http://goo.gl/fl6e5i) que nos han manifestado su solidaridad y han venido exigiendo al gobierno colombiano que por lo menos se cumplan las garantías procesales para estas personas y se permita un ejercicio real y los más seguro posible de garantías para que se establezca la verdad.             

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