El juez fue a buscar información para una causa iniciada por el Grupo Clarín de la que el organismo nunca había sido notificado. “Este atropello tiene más que ver con lo que estamos debatiendo sobre la continuidad del directorio”, dijo Sabbatella.
Adriana Meyer
Mariátegui
06/12/15
“Estamos frente a un estado mafioso en construcción”, fue la lapidaria frase que usó Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), para caracterizar el allanamiento ordenado ayer por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de una investigación impulsada por el grupo Clarín. “Es muy grave, hay una suerte de red que funciona con una parte de la Justicia, poderes económicos corporativos concentrados, una parte del poder político: ayer (por el jueves) vino Miguel de Godoy a la Afsca a plantearme que quería asumir el 11 de diciembre, violando el espíritu de la ley, que dice que claramente el mandato está desacoplado del mandato presidencial y como les dije eso la sensación es que no funcionó, y hoy (por ayer) mandan a Bonadio en una causa que hasta recién no sabíamos de qué se trataba”, agregó el funcionario, en alusión a la visita que le realizó su potencial sucesor en el cargo. La causa, de la cual el equipo de Sabbatella no fue notificado, es en su contra y de los demás directores que responden al kirchnerismo por presunto abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Desde la Justicia señalaron que el allanamiento es la medida que correspondía tomar en este caso. Sin embargo, Sabbatella dijo a Página/12 que “hubiera alcanzado con un oficio y les mandábamos lo que pedían, pero esto fue un acto intimidatorio que busca cortar la institucionalidad en la Afsca”. El episodio generó un cruce de alto voltaje entre funcionarios del Ejecutivo y del Judicial, a pocas horas paso de mando del kirchnerismo al macrismo. Bonadio también había allanado el Banco Central antes del ballottage. Su titular, Alejandro Vanoli, tiene, como Sabbatella, estabilidad en el cargo más allá del cambio de gobierno.
Al cierre de esta edición, los funcionarios judiciales junto a personal de la Policía Federal permanecían en las oficinas del organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el microcentro porteño, porque aún no habían terminado de firmar las constancias de las ocho mil fojas que estaban secuestrando. Para Sabbatella este hecho “es una vergüenza, violenta los valores democráticos, y no nos cabe ninguna duda de que este atropello tiene más que ver con lo que estamos debatiendo en el marco institucional sobre la continuidad del directorio y la voluntad de violar la ley que tiene el nuevo gobierno”.
El presidente del organismo agregó que “este allanamiento no tiene ninguna explicación, ya que podrían haber hecho un requerimiento judicial para obtener la documentación”, al referirse al procedimiento ordenado por el juez Bonadio en el marco de una denuncia que presentaron los abogados del Grupo Clarín contra los directores del organismo por delitos que supuestamente habrían cometido durante el proceso de adecuación de esa empresa a la Ley 26.522. “Somos testigos del accionar de una parte del Poder Judicial que, articulado con un sector político, más ciertos intereses económicos corporativos, conforman una verdadera trama mafiosa. Para aquellos a los que verdaderamente les importa la democracia este accionar asusta, ya que se quiere violentar una ley para favorecer a los intereses corporativos de un grupo cuya posición dominante la usa para lesionar la libertad de expresión, la pluralidad”, remarcó Sabbatella.
Sobre el encuentro del jueves a mediodía con Miguel de Godoy, actual secretario de Medios de la Ciudad y el designado para ocupar la presidencia de la Afsca, Sabbatella manifestó que “tuvimos un encuentro muy cordial, en el que ellos nos plantearon que querían asumir el 10 de diciembre, y yo les leí el artículo 14 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dice con claridad que los mandatos están desacoplados de los mandatos presidenciales, y que no admite otras interpretaciones, por lo cual si quieren asumir tendrán que esperar al 10 de diciembre de 2017”. A su criterio, hay una estrecha vinculación entre esa reunión y el procedimiento ordenado por Bonadio. “No es extraño que justo ayer (por el jueves) les dije que no voy a renunciar y hoy (por ayer) ordenan allanar, se hace muy difícil no relacionarlo. Antes de asumir el gobierno quiere violar la ley, y si vos no aceptás y decís que vas a respetarla te mandan a esa parte de la Justicia que les hace los mandados”, enfatizó.
En tanto, en los pasillos de Comodoro Py tampoco bajaban los decibeles para explicar la medida judicial. “Creen que sabe indicarle a un juez cómo integrar pruebas a un expediente, pero parece que no entienden lo que dice la Constitución”, se despachó un cercano colaborador del magistrado. El razonamiento consiste en que, del mismo modo que nadie está obligado a declarar en su contra, tampoco puede ser forzado a ofrecer prueba si esos elementos pudieran ser pruebas de cargo. Por esa razón la fuente consultada por Página/12 resaltó que “nunca la pedimos, vamos a buscarla para que la persona denunciada no pueda decir que la obligaron a entregarla”, y agregó que en este caso el allanamiento era “absolutamente necesario”.
Desde el Grupo Clarín informaron que “es una querella iniciada contra Sabbatella y directores oficialistas por abuso de poder e incumplimiento de deberes de funcionario, al rechazar la implementación de adecuación voluntaria de las empresas del Grupo Clarín e iniciar arbitrariamente la adecuación de oficio”. Y subrayaron que “el motivo es el accionar intempestivo y arbitrario, emitiendo una resolución cuyo tratamiento fue secreto, sin brindar información previa a los directores no oficialistas y sin notificar previamente al grupo Clarín para darle el derecho a una debida defensa y garantizar el debido proceso”.
La denuncia de Clarín, presentada el 23 de octubre (mucho después de que ocurrieran los hechos cuestionados) describe la supuesta irregularidad del trámite en el que fue rechazada la adecuación voluntaria, porque habría sucedido en una reunión de directorio no prevista en el orden del día y por lo tanto en la que estuvieron ausentes los directores no kirchneristas, y enumera los grupos mediáticos a los cuales la Afsca les aceptó su adecuación voluntaria.
El fiscal federal Eduardo Taiano había pedido al juez Bonadio esos expedientes como elementos de prueba, tal como expresó en su requerimiento para impulsar la denuncia por considerarla “verosímil”. Desde la Afsca aclararon que “es mentira que no hayamos aprobado su adecuación voluntaria, lo que sucedió es que cuando detallaron cómo estarían integradas las empresas en que se dividían encontramos la trampa por la cual parecía que se desprendían pero por las condiciones que le imponían a los compradores en el fondo seguía quedando en manos del grupo”. Y también desmintieron que la reunión de directorio donde se terminó aprobando la adecuación de oficio haya sido sólo con asistencia oficialista.
Poco antes de la segunda vuelta electoral, el juez Bonadio había allanado las oficinas del Banco Central por una denuncia del macrismo sobre el dólar futuro, y en ese momento el titular de la entidad, Alejandro Vanoli, calificó la medida como “electoralista” que apuntaba a perjudicar al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Vanoli, al igual que Sabbatella, tiene estabilidad en el cargo más allá del cambio de gobierno. El macrismo pretende que ambos renuncien y ambos recibieron la visita de Bonadio.
Según fuentes oficiales, el macrismo había pedido que el encuentro con Sabbatella fuera secreto, pero la respuesta del funcionario fue pública. “Cuando asumí sabía que iba a tener dos años en el cargo con un gobierno que comparto y dos con otro nuevo surgido de la voluntad popular que podía no ser del mismo signo, por eso no cabe renunciar, eso sería ser cómplice de la violación del espíritu de la ley que creó la Afsca, que pensó de esa manera el mandato”, expresó muy tarde ya, en su despacho. (Página/12)
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